Artículo de Jorge Somoza, director general de CETM-Madrid en la revista Transporte Profesional.
Esta famosa frase que se atribuía a los bandoleros que asaltaban los caminos de Sierra Morena que unían la meseta con Andalucía, define perfectamente la posición del Gobierno en cuanto al plan de peajes en las carreteras de nuestro país, y especialmente en lo que al sector del transporte se refiere, pues el gravamen para los vehículos pesados se prevé que sea mucho más alto, amenazando la existencia de varias empresas de transporte, incluso de otros sectores de la economía que verán incrementados los costes de sus productos.
En primer lugar, hay que analizar las formas. Se puede decir que se ha generado un “engaño bastante” en las víctimas, los contribuyentes, ya que el señor Ábalos siempre había ofrecido una imagen contraria a los peajes, en su condición de diputado por Valencia en las Cortes Generales exigía al anterior Gobierno la gratuidad de la AP-7 una vez finalizara la concesión, para que pasara a ser de gestión pública y gratuita (maldita hemeroteca). Cuando llegó al cargo, anunció la recuperación de la gestión pública de las carreteras cuyas concesiones vencieran, media verdad que se ha destapado con el transcurso de los acontecimientos. Pero respecto al sector del transporte, el agravio es aún mayor, pues no ha transcurrido ni siquiera un año desde que el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, se comprometiera con el sector a que “no se implantará ninguna euroviñeta a los transportistas profesionales sin el consenso del sector”, como dice literalmente el documento de 23 de julio de 2.020 firmado por él.
Entrando sobre el fondo del asunto, habrán escuchado en innumerables ocasiones aquello de que el transporte ya contribuye con creces vía impuestos, al mantenimiento de las carreteras. Pues bien, no sólo al mantenimiento de las carreteras, sino que contribuye a muchas más cosas. Sólo a través del impuesto de hidrocarburos el Estado recauda más 12.000 millones de euros, 37,9 céntimos por litro de diésel. El presupuesto de 2021 recoge una inversión para conservación de las carreteras estatales de 1.240 millones, lo que supone un alza del 58% con respecto a los 785 millones del año anterior, siendo además la primera vez en la historia que se destinará más a esta partida que a la construcción. Es importante tener en cuenta que la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, entre los que se encuentra el impuesto de hidrocarburos, justifica en su preámbulo una doble imposición de la siguiente manera: “gravando el consumo de unos determinados bienes, además de lo que lo hace el IVA en su condición de impuesto general. Este doble gravamen se justifica en razón a que el consumo de los bienes que son objeto de estos impuestos genera unos costes sociales, no tenidos en cuenta a la hora de fijar sus precios privados, que deben ser sufragados por los consumidores, mediante una imposición específica que grave selectivamente estos consumos, cumpliendo, además de su función recaudatoria, una finalidad extrafiscal como instrumento de las políticas sanitarias, energéticas, de transportes, de medio ambiente, etc.”. Es obvio que el gasto público que genera el transporte es el del mantenimiento de las carreteras, el cual está suficientemente cubierto sólo con la recaudación del impuesto de hidrocarburos, 12.000 millones de recaudación frente a 1.240 millones de gasto.
¿Para qué entonces los peajes?, sólo cabe una explicación, tapar el agujero provocado por una nefasta gestión por parte del Gobierno de los fondos públicos, con una deuda disparada a los casi 1,4 billones de euros, lo que supone ya un 125% del PIB. El sentido común y nociones básicas de economía doméstica invitan a pensar que antes de subir impuestos, habría que reducir el gasto público.
Por otro lado, los peajes pretenden justificarse con el manido “pago por uso”, lo cual, tratándose de servicios y bienes públicos, es alarmante. Ya pasó con la Justicia cuando se aprobó la ley de tasas judiciales, ¿qué será lo próximo la sanidad, la educación…?, ¿acaso el pago por uso no es la antesala de una privatización de los servicios públicos?
Además, está el problema de la siniestralidad vial, las fases de implantación de los peajes se harán gradualmente, primero en las vías de alta capacidad, y luego en carreteras secundarias, siendo el importe del peaje previsiblemente menor en estas vías. Esto provocará un incremento del tráfico en las carreteras secundarias, lo que conducirá a una saturación de estas vías y una mayor siniestralidad vial, actualmente el 75% de los fallecidos en accidentes de circulación se producen en carreteras secundarias. Señores, nos va la vida en ello, pero esta vez de verdad.
Artículo Jorge Somoza
