La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha hecho hoy sus primeras declaraciones sobre el paro patronal que el Comité Nacional de
Transporte por Carretera (CNTC), del que forma parte la CETM, anunció ayer.
Lejos de buscar un acercamiento con el sector, la ministra, que desde que tomó posesión en el cargo no se ha reunido con el CNTC, echa balones fuera asegurando
que la mayoría de las reivindicaciones exceden de sus competencias.
Señora ministra, le recordamos que el Ministerio de Transportes se comprometió en julio de 2020 a llevar a cabo una serie de medidas para garantizar la supervivencia del sector, un acuerdo que cuenta con la firma del entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.
En dicho documento se comprometían a no instaurar el pago por uso de las autovías sin contar con el consenso del sector. Sin embargo, la medida ya se contempla en el plan que el Gobierno envío a Bruselas y no dejan de llegar, día sí y día también, noticias sobre cómo se llevará a cabo, por lo que todo parece indicar que nos obligarán a pagar por algo que ya hemos costeado. El transporte aporta a las Arcas del Estado 19.000 millones de euros anuales a través de los impuestos a los combustibles, más que suficiente para hacer frente al mantenimiento de las carreteras.
Tampoco hemos tenido noticias de la devolución de 200 millones de euros del importe pendiente a devolver del céntimo sanitario. Se comprometieron a hacerlo antes de finales de 2020. Otro de los puntos que refleja el acuerdo, firmado por el MITMA recordemos, es no proceder a aumentar las masas y dimensiones máximas permitidas. Las presiones para ceder y complacer a los grandes cargadores tampoco dejan de sucederse.
Sobre la problemática de la carga y la descarga, el papel del MITMA es fundamental, porque debe clarificarse el marco normativo para prohibir que los conductores por norma general realicen estas labores. Sin ir más lejos, recientemente nuestro país vecino, Portugal, ha regulado este aspecto y ha prohibido que los conductores realicen estas labores en su territorio. ¿No es esto tampoco competencia del Ministerio que lleva el nombre de Transportes?
Ante el incremento acumulado de más de un 40% del precio de los combustibles en el último año, es necesario que se establezca en la Ley del Contrato de Transporte
una cláusula de revisión obligatoria del precio del gasóleo, para que los cargadores dejen de presionar sobre las tarifas del transporte.
Además, nuestros conductores, que recorren las carreteras para lograr el abastecimiento de la población y para ello permanecen en muchas ocasiones lejos de sus casas, no encuentran áreas de descaso seguras y vigiladas. Las que existen son insuficientes y muchas carecen de servicios primordiales para el bienestar de los conductores y no cuentan con la seguridad necesaria para que al día siguiente no se encuentren con los remolques rajados y la falta de mercancías.
Por tanto, después de haber superado la etapa más crítica de la crisis sanitaria, en la que la labor del sector de transportes ha sido esencial, es de esperar que el Ministerio demuestre con hechos que se preocupa por nosotros y responda a los compromisos que adquirió con el CNTC. Reclamaciones que además no vienen de
ahora, sino que durante años las organizaciones del sector han reclamado por activa y por pasiva, sufriendo el abandono del MITMA que ha llevado a esta convocatoria.
Por tanto, señora ministra, nos parece ejemplar que considere que “conseguiremos salir de esta crisis”, pero no olvide que para ello hace falta que tomen en serio a
los transportistas y ofrezcan soluciones, porque de lo contrario podríamos ver como se colapsa el país.
