Ante la convocatoria de una nueva huelga general en Cataluña entre los días 10 y 16 de octubre, que fue registrada por el sindicato Intersindical-CSC la semana pasada, aun tratándose de un sindicato minoritario, ATRADICE, desde el máximo respeto al derecho de huelga y a los trabajadores que quieran secundarla, exige tanto al Gobierno como a la Generalitat de Cataluña que vele por el derecho constitucional de los que decidan trabajar y ejercer libremente su actividad. Especialmente el de los ciudadanos catalanes, a fin de que no se vean privados ilegalmente ni coaccionados en el ejercicio de sus derechos, pues son los que precisan actualmente de mayor apoyo y solidaridad.
El propio Tratado de la Unión Europea (Maastrich, 1992), en su artículo 3.2 reconoce expresamente el derecho a la libre circulación de personas en el seno de la Unión Europea: “La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas”, por lo que ATRADICE, en aras a dicho principio, espera que no se vuelvan a repetir los episodios vividos en la jornada de huelga en Cataluña del pasado 3 de octubre, en la que se produjeron cortes de circulación en las principales carreteras de Cataluña (A-2, A-26, A-27, A-7, N-240, N-340, entre otras) a lo que se sumó la paralización de algunos sectores industriales y de los principales puertos de la región, lo que provocó, una vez más, cuantiosos daños al sector del transporte de mercancías por carretera, ya que se trata de una zona estratégica, por la que circulan los camiones para acceder a las rutas europeas a través del paso de La Jonquera, produciéndose además en plena campaña de exportación de productos hortofrutícolas.
Nuestro sector se siente hastiado por el hecho de que cualquier tipo de reivindicación del carácter que sea, conlleve el corte de carreteras, y la consecuente paralización de nuestra actividad. Por lo tanto, se hace un llamamiento a las autoridades para que hagan especial hincapié en velar por el normal desarrollo de la actividad del transporte por carretera.
