Después que el Tribunal Supremo tumbara el pasado mes de julio el Real Decreto 1023/2017 donde se recogía el convenio entre la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y AVASA, concesionaria de la AP-68, para articular el desvío obligatorio de camiones de la N-232 a la AP-68, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado hasta en dos ocasiones a favor del sector del transporte de mercancías por carretera, declarando nula la restricción al tráfico pesado en la N-232 a su paso por La Rioja.
A pesar de estas tres sentencias judiciales favorables a los transportistas, las diferentes administraciones implicadas en la puesta en marcha de este desvío obligatorio de camiones no parecen estar dispuestas a acatar las decisiones tomadas en los tribunales.
Tras la última sentencia del TSJM, conocida la semana pasada y que declaraba nula la citada restricción aduciendo a la falta de justificación y proporcionalidad de la medida, así como la vulneración de los derechos a la libre circulación de mercancías y personas, las únicas declaraciones realizadas por la máxima responsable de Tráfico en La Rioja se han limitado a asegurar que “no cambia nada y que los camiones no pueden circular por la N-232”.
En declaraciones recogidas por ‘El Día de La Rioja’, la directora de la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja mantiene que “todo camión que circule hoy por la N-232 en suelo riojano que pase de cuatro ejes puede ser sancionado por la Guardia Civil de Tráfico”. Esta responsable zanja sus declaraciones con un “ahora no se puede prohibir no circular en 2017”.
Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), al igual que nuestra organización miembro CETM La Rioja, entendemos inadmisibles estas declaraciones de alguien que ostenta una responsabilidad pública, ya que cualquier decisión que tome desde su cargo, además de mejorar la vida de los ciudadanos se ha de ajustar a derecho, algo que aquí, como la Justicia ha dado a conocer hasta en tres ocasiones, no ocurre. En este mismo sentido, tampoco entendemos cómo en numerosas ocasiones se nos ha trasmitido la imposibilidad de flexibilizar este desvío para los transportistas riojanos, lo más perjudicados por la medida, pese a que
económicamente se sufraga con cargo a las cuentas públicas de todos los riojanos, por poder incurrir en una inseguridad jurídica, y no se cumplen las sentencias firmes que echan por tierra el referido desvío de camiones.
La responsable de la DGT en La Rioja insiste en que el desvío seguirá vigente en 2021 y justifica esta decisión en que cuenta con estudios documentados que indican claramente un descenso de la siniestralidad en la N+232, pese a que como denunciamos desde CETM y CETM La Rioja, en 2019 esta carretera nacional se cobró la vida de 8 personas, una cifra inaceptable y superior a la media de fallecidos en esta vía durante años anteriores a la puesta en marcha de este desvío de camiones.
En este mismo sentido, tampoco podemos entender cómo la máxima responsable de la DGT en La Rioja unas veces culpabiliza al tráfico pesado de la alta siniestralidad de la N-232 y otras achaca la proliferación de accidentes de tráfico al descenso de los tránsitos de camiones por esta carretera, al influir en la relajación de los conductores.
Por todo ello, entendemos que pretender mantener este desvío de camiones en la actualidad de la misma manera que desde 2017, pese a las sentencias judiciales que tumban el fondo y la forma de esta medida, es incurrir en una irresponsabilidad de gravísimas y nefastas consecuencias para el conjunto de la sociedad riojana. Las sentencias que declaran nula esta restricción pueden abrir la puerta a importantes reclamaciones económicas por parte de los transportistas, quienes pueden reclamar los costes de peaje, así como los gastos ocasionados por el aumento de kilómetros que se ven obligados a realizar para transitar lo menos posible por la N-232 y las
denuncias que les han sido impuestas por incumplir este desvío hoy declarado ilegal.
Todo apunta a que los tribunales anularán la restricción de 2018, 2019 y 2020 en un futuro no muy lejano, pese al empecinamiento de mantener esta medida vigente y no buscar ninguna solución para esta medida injusta y desproporcionada a partes iguales.
Estas declaraciones de la responsable de la DGT en La Rioja solo pueden responder a una huida hacia delante de quien sabe que, una vez más, está tomando decisiones equivocadas y contrarias a derecho, cuando la Justicia ya se ha pronunciado a tal efecto.
Finalmente, de la misma manera que animamos a todos los transportistas a reclamar los costes que este desvío supuso para ellos en 2017, insistimos en que una flexibilización de la medida que permita a los transportistas abandonar la AP-68 en la salida más cercana a su destino en el sentido de la marcha podría solucionar este problema.
