Cerca de 10.000 transportistas españoles han tenido que sufrir durante el pasado fin de semana cortes y cierres de autopistas en los pasos fronterizos hacia Francia de Irún y La Junquera.
A las desmesuradas movilizaciones de los denominados “chalecos amarillos” galos, con bloqueos intermitentes de carreteras desde mediados de noviembre que aún persisten, hay que añadir los sabotajes protagonizados por los ya tristemente famosos Comités de Defensa de la República, CDR, catalanes, al cortar la autopista AP-7, en ambos sentidos, a la altura de la localidad tarraconense de L’Ampolla.
Interminables horas de espera con retenciones kilométricas de camiones y autocares, han provocado entre los conductores españoles una creciente tensión e infinito malestar, además de cuantiosas pérdidas económicas.
Las empresas de transporte del Levante y Sur andaluz han sido las más perjudicadas, debido a que la campaña de productos hortofrutícolas está en pleno auge y ya se contabilizan por cientos las empresas que, presumiblemente, tendrán que cerrar. A este respecto se prevén pérdidas cuya estimación inicial supera los 12 millones de euros. Debe tenerse en cuenta que durante el pasado fin de semana, la concentración de camiones para transportar mercancía perecedera a Francia se había incrementado precisamente por la actividad de los “chalecos amarillos” en las semanas precedentes.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM, culpa directamente a los máximos responsables de la Generalitat de Cataluña de estos graves sucesos, al permitir que los Mossos D’Esquadra no intervinieran para despejar las vías y garantizar tanto la seguridad de las personas (nuestros conductores en este caso), así como la libre circulación de los vehículos. Por otra parte, la CETM tampoco entiende la actitud del Gobierno central, quien no ha presionado suficientemente a la Generalitat para que hicieran frente a sus responsabilidades, de forma inmediata.
La CETM está absolutamente indignada ante los bloqueos y acciones indiscriminadas de los CDR (no son los primeros), por lo que ya ha iniciado acciones y contactos con las administraciones implicadas, destinadas a que se garantice en todo momento el libre paso de los vehículos al país vecino, sin descartar las reclamaciones por vía jurídica a que hubiera lugar.
